Mayor fiscalización en el uso de recursos fiscales
Cabe recordar que el caso se inició por una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica que interpuso la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, después de haber anulado una licitación en su comuna por presuntas irregularidades. La misma edil, también cumpliendo su rol de control interno, ya había presentado una querella en contra de ex directivos de la Corporación Municipal de Providencia de la administración anterior, por la malversación de fondos de $6.925 millones.
Y a la lista de municipalidades envueltas en casos de irregularidades, se han sumado en los últimos meses Antofagasta, Chiguayante, Lampa, Los Lagos, Machalí, San Ramón, Valparaíso, entre otros.
¿Culpa o dolo? No siempre es fácil distinguir, en especial porque muchas veces las acciones dolosas suele disfrazarse de simples ineficiencias, de faltas de gestión, incluso de incompetencias. Un hecho delictivo debe ser calificado por los Tribunales de Justicia, para lo cual debe hacerse una denuncia. La responsabilidad por una negligencia o falta de prudencia suele hacerse efectiva a través de un sumario administrativo. Y en algunos casos, se busca que estas ineficiencias pasen desapercibidas ante la opinión pública, con el objeto de no hacer efectivas responsabilidades políticas ni entregar argumentos al bando político opositor. Por supuesto que entre más permisiva sea una organización con las ineficiencias, mayor será su riesgo con la comisión de irregularidades.
Un reciente estudio publicado en Applied Economics establece que los gobiernos locales podrían entregar los mismos servicios utilizando el 61% menos de recursos. La investigación se basa en el análisis de 324 alcaldías durante el período 2008-2018 y fue realizada por Mauricio Villena, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales; Francisca Pacheco, economista de la Fundación Chile y magíster de la Universidad de Columbia y Rafael Sánchez, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP).
Sin lugar a dudas es una cifra muy alarmante, más aún al establecerse que el nivel de ineficiencia ha ido en aumento desde un 37,5% en el año 2008 hasta un 78,4% en el año 2018. ¿Qué ha hecho que la eficiencia de la mayoría de nuestros municipios haya disminuido en forma tan considerable?
El artículo 51 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que las municipalidades son fiscalizadas, en primer lugar, por la Contraloría General de la República. Sin embargo, al haberse establecido en el artículo 53 del mismo cuerpo legal que “las resoluciones que dicten las municipalidades estarán exentas del trámite de toma de razón”, la gran mayoría de los actos municipales quedan exentos de control previo del órgano contralor, con excepción de los actos administrativos que afecten a funcionarios municipales. Por lo mismo, el control jurídico de los actos municipales se efectúa principalmente a través de dictámenes jurídicos.
Pero además el referido artículo 51 instaura un control interno que corresponde al alcalde, Concejo y determinadas unidades municipales, como pueden ser la Unidad de Control y la Unidad de Administración y Finanzas, los que estarían facultados para efectuar además un control de eficiencia y resultados. Sin embargo, basta con sólo ver el número de irregularidades ocurridas en municipios, para concluir que la función fiscalizadora de la actividad municipal en términos generales no está teniendo resultados.
La expresa ausencia de un control preventivo por parte de la Contraloría General de la República –con la excepción ya mencionada de los actos relativos al personal- delega en la práctica la responsabilidad de la juridicidad, eficiencia y resultados a los órganos de control interno. Estas instancias muchas veces quedan sujetas al ámbito individual de cada persona, a las presiones internas de toda organización y a las responsabilidades políticas de toda gestión pública, con lo que su eficacia se restringe notoriamente.
En los últimos años, la tendencia a la descentralización se ha ido intensificando, aumentando la autonomía de los gobiernos locales, lo que es muy bueno. Por lo mismo, para disminuir las ineficiencias, sería importante introducir incentivos ligando entregas de recursos económicos con desempeños logrados. “Lo que no se mide, no se puede mejorar”, dice esta frase atribuida frecuentemente a Peter Drucker, y en la gestión de la mayoría de nuestros municipios, esto no se cumple.
Sólo de esta manera evitaríamos que los costos de producción municipal sigan aumentando sin que exista como contrapartida un aumento de la producción de servicios entregados a la comunidad. Tal como sugieren los autores del mencionado estudio de eficiencia municipal, en el futuro los mayores traspasos de recursos a los municipios debieran ir acompañados con indicadores de gestión y rendición de cuentas, que redunde en mejores servicios para la comunidad.
Columna de opinión publicada en Andrés Jirón el 4 de enero de 2021
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