Andrés Jirón Santandreu

La inminente  votación  sobre la constitución de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por una supuesta intervención presidencial en las elecciones de la ANFP, se convertirá en un dolor de cabeza para el área comunicacional del Gobierno. Más aún,  si desde el primer momento la política comunicacional del Gobierno fue errática, desconociendo por completo las reglas básicas de la carga probatoria ante la opinión pública. A pesar de que ésta en tribunales corresponde a quién plantea la acusación, la defensa en la esfera pública se rige por otras normas. En especial, si la estrategia de la Concertación -además de aprovechar un flanco ofrecido en bandeja y abierto por el propio Presidente al mantener sus acciones de Colo Colo-,  se centra más en lograr verosimilitud que en descubrir la verdad de los hechos. Amparadas en antecedentes que contribuyen a crear dudas razonables acerca de los medios utilizados por el Presidente para lograr resultados, las acusaci...

Todos los parlamentarios ya tienen asumida su obligatoria necesidad de visibilidad ante la opinión pública.  De ella dependen votos de electores, evaluación ciudadana y posibilidad de perpetuarse en el cargo. Por ello, aprovechan cualquier oportunidad de aparecer en cámara, como fue tan comentado durante todo el largo proceso del rescate minero. Sin embargo, parece que todos pecan de omisión cuando se trata de legislar en materias mineras.  ¿Simple casualidad o consecuencia de un poderoso, efectivo y silencioso lobby? Una vez pasado “el veranito de San José” provocado por el rescate minero, la oposición intensificó sus ataques contra el gobierno:  elecciones ANFP, presupuesto 2011, reconstrucción post terremoto, agenda laboral, etc. Casi podría pensarse que este endurecimiento comunicacional se convirtió en una encarnizada lucha por sobrevivir, en momentos en que la Concertación vive serios problemas de identidad. La ¿coincidente? publicación de una larga investigación pe...

La impunidad política que existe en nuestro país se encuentra amparada por omisiones de la propia clase dirigente. Malas decisiones, gestiones torpes, influencias turbias, presiones ocultas y hasta defraudaciones ilícitas quedan ocultas tras un manto de silencio de las autoridades, tanto de gobierno como de oposición. Después de haber celebrado con profusión el rescate minero -incluso en gira presidencial a Europa-,  el Gobierno decidió   cerrar   el tema con un simbólico acto en La Moneda, redirigiendo su agenda hacia nuevos temas como la reconstrucción del terremoto, el presupuesto 2011 o la próxima agenda laboral. Sin embargo, antes de concluir el capítulo, debiéramos ser capaces de aprender las lecciones derivadas de esta gran tragedia. No cabe duda que la empresa y sus dueños tendrán que responder penal y civilmente por las infracciones e ilícitos cometidos.  ¿Pero qué pasa con la responsabilidad gubernamental? ¿Quién y por qué autorizó la reapertura de la mina ...